Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992)

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Extensión teritorial	España España
Legislado por	Cortes Generales
Referencia del diario oficial	BOE-A-1992-4252
Historia
Publicación	22 de febrero de 1992
Entrada en vigor	13 de marzo de 1992
Legislación relacionada
Reemplaza	Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público. Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959. Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público. Artículo 7.5 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Derogada por	Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Legislación derogada
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La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana fue una Ley Orgánica de España publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de febrero de 1992 y vigente entre el 13 de marzo de 1992 y el 1 de julio de 2015.^[1] Fue derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana el 1 de julio de 2015.^[1]

Es conocida como Ley Corcuera, por haber sido aprobada durante el mandato de José Luis Corcuera como titular del Ministerio del Interior en el gobierno del PSOE, y como Ley de la patada en la puerta, porque facultaba a las fuerzas del orden a entrar en un domicilio en el que se tuviese "fundado conocimiento" de que se estuviera cometiendo un delito relacionado con el tráfico de drogas, sin necesidad de orden o autorización judicial,^[2] aunque esta disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre de 1993 y como tal anulada.^[3]

En 2015 fue sustituida por una nueva ley de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular y que el resto de grupos parlamentarios calificaron de ley mordaza.^[4]^[5]

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Transcription

Historia

Antecedentes

Ley de represión de la masonería y el comunismo, 1940.
Ley de Vagos y Maleantes, 1933, modificada en 1954.
Fue aprobada para completar el proceso de derogación de la Ley 45/1959 de Orden Público, tan emblemática del régimen político anterior, como expresamente se dice en la Exposición de Motivos de la Ley que la vino a sustituir.^[6]

Recursos de inconstitucionalidad

Contra ella fueron presentados diversos recursos de inconstitucionalidad que fueron resueltos por la Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre de 1993, del Tribunal Constitucional.^[3] La mayoría de los recursos fueron desestimados por el tribunal, a excepción de dos que fueron admitidos de forma parcial y en consecuencia el Tribunal Constitucional declaró nulos el artículo 21, número 2^[a] y el inciso final del artículo 26 J).^[3]^[b]

Notas

↑ El artículo 21, número 2, derogado en su totalidad, decía lo siguiente:«A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito».^[7]
↑ El artículo 26 J), decía lo siguiente: «Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana: J) Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas».^[7] En este caso, el Tribunal Constitucional únicamente declaró inconstitucional el inciso «en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas».