Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Escudo nacional
Información general
Ámbito	España
Jurisdicción	España España
Tipo	Autoridad administrativa independiente
Sede	C/ José Abascal, 2 - 5ª Planta Madrid
Organización
Presidente	José Luis Rodríguez Álvarez
Empleados	23 (31 de diciembre de 2022)^[1]
Presupuesto anual	3,38 millones de € (2023)^[2]
Historia
Fundación	12 de diciembre de 2014 (8 años)
Sitio web
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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un organismo público español independiente que se encarga de velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos.^[3] A fecha de 31 de diciembre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contaba con una plantilla de 23 personas.^[1]

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y una vez aprobado su Estatuto (Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), el Consejo de la Transparencia fue creado formalmente el 12 de diciembre de 2014.

Historia

La historia del Consejo de Transparencia se inició el 12 de diciembre de 2014 con el nombramiento de su primera presidenta en la persona de Esther Arizmendi. Nombrada por un período de cinco años, hubo de hacer frente a una verdadera tormenta política por la salida a la luz de múltiples casos de corrupción.^[4] Sin embargo, Arizmendi falleció en noviembre de 2017, antes de poder acabar su mandato.^[5] El equipo de dirección y su número de empleados se fue perfilando durante los primeros meses de 2015.^[6]

Tras el fallecimiento de la presidenta, el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós Dorda, asumió el cargo de forma interina^[7] hasta octubre de 2020, cuando el gobierno designó a José Luis Rodríguez Álvarez como el segundo presidente.^[8]

Funciones

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.^[9]

La principal meta del Consejo de la Transparencia es lograr una Administración pública más eficiente y más abierta, es decir, más democrática, caracterizada por la transparencia y un gobierno accesible. Una Administración que, a través de la participación de los ciudadanos, consiga reducir el peso de la corrupción, una lacra en todos los países que impide el pleno desarrollo de la sociedad. Además, ha de asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a las administraciones que lo soliciten; informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o que estén relacionados con su objeto; evaluar el grado de aplicación de la ley, por lo que elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales españolas; promover la elaboración de borradores, de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas; promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas y colaborar con órganos de naturaleza análoga en las materias que le son propias.^[10]